El poblado de transición para gitanos abre otro frente vecinal en A Coruña

Quintana promete a Unión Romaní fondos económicos para la integración

P. OBELLEIRO / L. VARELA - A Coruña / Pontevedra - 10/04/2008

Comenzó ayer a trabajar, con un "vivo e interesante debate" de tres horas, la Comisión de Integración de A Coruña que, con la participación de todas las administraciones (central, gallega y local) y entidades vecinales y de la comunidad gitana afectadas, supervisará el plan especial para la eliminación de Penamoa, el mayor poblado chabolista de Galicia. Mientras las palas para la construcción de la nueva circunvalación que obliga a desmantelar este infrahumano asentamiento ya se aproximan a las chabolas -su derribo es inminente-, surgen nuevos interrogantes e intranquilidad entre los barrios por el plan del Ayuntamiento de A Coruña de crear un poblado de transición.

"No vamos a permitir otro gueto. No entendemos lo del poblado de transición, Penamoa ya lo fue y duró 23 años. El realojo de las familias debe hacerse en todos los barrios de la ciudad, que cuenta con una red importante de servicios sociales que siempre funcionó", destacó ayer la presidenta de la Asociación de Vecinos de O Ventorrillo, Rosa Barreiros. Es el barrio periférico vecino a Penamoa y más afectado, por cercanía, por el foco de delincuencia que caracteriza este asentamiento. Con unos 17.000 residentes, O Ventorrillo anuncia movilizaciones si se lleva a cabo ese proyecto de asentamiento transitorio. Esta fórmula, que la Vicepresidencia de la Xunta quiere aplicar en el resto de Galicia, consiste en construir en el propio Penamoa un poblado con 15 módulos en el que otras tantas familias deberán vivir un máximo de año y medio para recibir formación cívica, laboral y social antes de poder ser realojadas en pisos.

En O Ventorrillo, que buscará el apoyo de todas las demás entidades vecinales de A Coruña, destacan que hubo más de 150 familias chabolistas realojadas en la última década, incluidas algunas de Penamoa, sin que se produjeran problemas dado el seguimiento que hacen los servicios sociales del municipio. "Todos los barrios deben ser solidarios como lo fuimos nosotros, nadie puede decir que no a una familia gitana, no se pueden poner veto a un vecino", destacó Barreiros en referencia a las tres semanas de protestas de Novo Mesoiro, otro barrio periférico que se movilizó de forma preventiva, dado que nunca estuvo previsto un realojo en bloque de chabolistas.

El coordinador de la Comisión de Integración, el psiquiatra Fernando Márquez, aseguró ayer que todas las decisiones sobre Penamoa se tomarán con consenso. "Hay diferentes etapas y procesos en este plan", subrayó al tiempo que reclamó confidencialidad sobre "los itinerarios personales de cada familia" chabolista, que serán supervisados, uno a uno, por la comisión. "Hay buena disposición por parte de todos y el tiempo nos dará la razón", agregó, por su parte, uno de los representantes de Penamoa, Ramón Borja.

Mientras, el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, recibió ayer en visita privada al secretario nacional de Unión Romaní, Manuel Rondón, y al presidente de Pueblo Gitano en Galicia, Sinaí Giménez. Ambos salieron satisfechos del encuentro en el que, según explicaron, Quintana se mostró dispuesto a facilitar "los medios económicos y humanos para hacer eficaces los planes de integración socio laboral en Galicia".

Rondón precisó que, tras realizar "un diagnóstico" de la situación de los calés en la comunidad gallega, han comprobado que "la inmensa mayoría se encuentra en una situación de exclusión". Por ello, y a partir de la experiencia de Unión Romaní (el colectivo gitano de mayor peso en España) han propuesto a Quintana unas líneas de actuación orientadas a la búsqueda de vivienda y empleo, asesoramiento y formación de mujeres y jóvenes, mediación cultural y participación en los comités de interés social.

A estas propuestas, según Rondón, la Administración, "además de tener voluntad política, les va a dar rango económico". Los planes serán puestos en común con otros colectivos y consellerías implicadas en procesos de integración dentro del comité interdepartamental recientemente creado por Vicepresidencia. Al margen, Pueblo Gitano, Unión Romaní y la Xunta preparan un programa de actuación que se presentará al Fondo Social Europeo.

Unión Romaní respalda también el programa de realojos propuesto por Quintana. Rondón apuntó que van a participar "en el diseño" de los poblados de tránsito en los que se trabajará "con calidad, coordinación y un calendario adecuado para que no se alarguen en el tiempo". Considera posible que los casos de Galicia se solventen porque "todas las partes están de acuerdo". Eso sí, para el colectivo calé lo idóneo es ir "caso por caso", como ya hicieron antes. "No tenemos varitas mágicas, sólo ganas de trabajar", explicaron.

Respecto a las protestas vecinales, Rondón considera que hay "un trasfondo político porque hace falta que alguien esté coordinando ese movimiento". "Cada vez son menos los chabolistas", apuntó, "de los 700.000 gitanos de España sólo un tercio vive ya en situación de exclusión".

Absuelven al alcalde de Cortegana de los incidentes "racistas" en Las Eritas

Condenan a 21 meses de prisión a seis de los acusados por un delito de desórdenes públicos en concurso con otro de daños

EUROPA PRESS, Huelva | Actualizado 14.04.2008 - 16:38

El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha absuelto al alcalde de Cortegana, Antonio Marín (IU), de los presuntos delitos de desórdenes públicos y de daños con el agravante de "racismo" tras los incidentes contra la comunidad gitana registrados en Cortegana el 16 de enero de 2005 en el transcurso de la protesta organizada por el Ayuntamiento tras la muerte del vecino Mateo Vázquez el 1 de enero, hechos por el que la Fiscalía solicitaba 21 meses de cárcel y la acusación particular un año de prisión.

Del mismo modo, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, condena a M.A.B.; F.J.M.; G.M.L.; J.S.C.; A.S.R., y a J.F.S. a un año y nueve meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y a una multa de 2.160 euros por el delito de daños, mientras que deberán indemnizar con 3.000 euros a cada una de las 12 personas del colectivo gitano en concepto de daños morales por los daños en sus viviendas. Además, deberán abonar 21.807 euros por los daños sufridos por el colectivo gitano en vehículos y enseres.

Por su parte, y junto al alcalde, también han resultado absueltos M.B.L.; F.G.B.; I.L.C.; I.R.M.; M.J.P., y A.R.F.. En este sentido, la acusación particular ya retiró durante el juicio su petición de cárcel contra I.R.M.; redujo a dos años de cárcel su solicitud para I.L.C. y M.J.P. por el presunto delito de provocación al odio racial, y solicitó un año de prisión para el primer edil, Antonio Marín, por un supuesto delito de manifestación ilegal, mientras que para el resto de imputados pidió tres años de prisión acusados de los delitos de provocación al odio racial y de manifestación ilegal, así como otros dos años de cárcel por un presunto delito de amenazas a la minoría étnica gitana.

El fallo judicial considera probado que el 16 de enero de 2005 se llevó a cabo la manifestación, para lo que a la hora anunciada --19.00 horas-- se congregaron en el lugar previsto --Plaza de la Constitución-- más de 1.000 personas que se dirigieron a la Plaza de la Esperanza, entre las que se encontraban, "a cierta distancia de la cabecera y rodeados de otros vecinos", el alcalde y otros concejales del Ayuntamiento.

Así, narra que transcurridos "pocos minutos" desde la salida, la cabecera de la manifestación llegó a la Plaza de la Esperanza, pero "no giraron a la derecha para dejar la calle y acceder a la plaza, según lo previsto, sino que continuaron recorriendo la calle por la que circulaban". Así, cuando el primer edil llegó a la altura de la plaza, y tras comprobar que quienes le precedían continuaban su marcha, "se desvió de la calle y llegó a la plaza, donde indicó a los manifestantes que llegaban y pasaban a su altura, con insistencia, haciendo ostensibles indicaciones con las manos abiertas y elevadas, que debían seguirle y acceder a la plaza".

Según recoge la sentencia, Antonio Marín y el resto de concejales permanecieron en el lugar previsto y desde allí conocieron el itinerario que, mientras tanto, recorría un grupo de unas 800 personas que, pese a lo previsto y anunciado en la convocatoria y pese a las indicaciones del alcalde, continuó la marcha y llegó a la barriada de Las Eritas, "formada, principalmente, por construcciones de planta baja y ocupadas, entre otros, por la mayoría de las familias gitanas residentes en la localidad".

"Gitanos fuera"

El fallo judicial indica que, durante la marcha, los manifestantes portaron diversas pancartas y corearon repetidos gritos de "justicia" y "seguridad", aunque posteriormente y en el itinerario no previsto inicialmente, se corearon además gritos como "gitanos fuera", "asesinos" o "no los queremos, fuera de aquí", por lo que considera que a "a la vista de las expresiones vertidas, resulta patente que del inicial ánimo reivindicativo de seguridad y justicia los ánimos giraron o se extendieron hacia la protesta, imputación, desprecio, animadversión y revancha hacia los gitanos, siendo esa la motivación de que la comitiva cruzara la carretera y cruzara el barrio de Las Eritas".

Además, relata que, minutos antes de la llegada de la manifestación al barrio y "tras advertir el clima de hostilidad que los gritos coreados y la trayectoria elegida evidenciaban", agentes de la Guardia Civil se adelantaron para informar a los gitanos de la llegada del cortejo y de la conveniencia de que, "para evitar conflictos", se refugiaran en el interior de sus casas, "a lo que accedieron inmediatamente".

Así, siendo ya de noche, la manifestación llegó a Las Eritas, mostrando el acusado J.F.S. "ademán de acceder a una de las casas, siendo reprendido y devuelto al cortejo", por lo que "a la vista de las circunstancias y de la tensión latente, tratando de garantizar la seguridad, los agentes de la Benemérita se desplegaron formando un cordón defensivo a lo largo de las casas de los gitanos".

"Incontables" piedras e insultos

La sentencia señala que, al pasar a la altura de las primeras viviendas, un grupo de jóvenes "arreciaron al unísono contra los refugiados en el interior de las casas y, con mantenido y persistente ánimo de ofenderles, estigmatizarles, menospreciarles, retarles al enfrentamiento físico y a la violencia, causar daños en sus propiedades, amedrentarles y aterrorizarles con sus expresiones y actos, profirieron expresiones como 'cabrones, iros de aquí, gitanos', 'os vamos a matar' u 'os vamos a quemar', todo ello mientras lanzaban con fuerza incontables piedras del suelo contra las fachadas de los inmuebles y contra los turismos".

Tras indicar que varias de estas personas "golpearon las puertas de entrada de las casas con intención de abrirlas", precisa que otros "lograron sobrepasar el cordón policial y acceder a través de un patio a la zona trasera de las casas, donde continuaron causando destrozos, localizando un montón de paja almacenada a la que prendieron fuego, lo que provocó un gran incendio".

Además, "y simultáneamente al lanzamiento de piedras y a los gritos referidos a los gitanos, este grupo --formado por todos los sentenciados-- profirió numerosas expresiones referidas a la actuación de los agentes de la Guardia Civil", tales como 'hijos de puta sólo sabéis denunciar y defendéis a los gitanos y a los drogadictos' o 'eres más asesino que los gitanos'.

Una vez que los agentes lograron que finalizara la actuación de los acusados, estos se reintegraron en la marcha, continuando su recorrido la manifestación con normalidad hasta el centro del pueblo, donde se disolvió. El fallo asegura que, "con la actuación, los acusados generaron un clima que provocó angustia, zozobra, pánico y terror en los refugiados en sus casas, entre ellos numerosos niños".