La crisis económica en la que se encuentra inmersa España no solo ha generado un aumento de parados y de negocios que van a la quiebra, sino que también ha sido un factor determinante del incremento que, desde 2008, ha experimentado una de las lacras más antiguas de la historia: el racismo y la xenofobia.
Así lo refleja el Informe Raxen, elaborado por el Movimiento contra la Intolerancia, en el que se muestra como «los prejuicios hacia la inmigración, el miedo a la pérdida de identidad cultural y la falta de preparación de la sociedad española para la diversidad» han favorecido el desarrollo de un escenario social en el que la intolerancia adquiere un papel protagonista.
De hecho, el pasado año se contabilizaron un total de 350 casos incidentes catalogados como xenófobos en nuestro país. La Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana han sido las tres regiones más afectadas por las agresiones de corte racista. También se han detectado casos en Murcia, Castilla y León y Andalucía.
Igualmente, a lo largo del último año, se ha detectado un incremento de la actividad y del número de grupos neonazis, que ha provocado el aumento de la violencia hacia colectivos como inmigrantes, jovenes antifascistas, homosexuales e indigentes.
Según explicó el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, durante la presentación del informe «estas agrupaciones aspiran a la destrucción del Estado democrático y de derecho».Asimismo el documento evidencia la existencia de brotes racistas y xenófobos en las aulas. En éstas, los marroquíes y gitanos son los grupos más afectados. De igual forma, han crecido estos ataques en los campos de futbol, que albergan una gran cantidad de grupos ultras que defienden sus colores haciendo uso de la agresión física y verbal.
Reivindicaciones
A la vista de lo expuesto en el documento y como consecuencia de la falta de intervención gubernamental, Movimiento por la Intolerancia establece una serie de peticiones con las que se pretende hacer frente a aquellas situaciones que promueven el odio, la discriminación o la violencia.
Así, la entidad aboga por la prohibición de todas las actividades, como conciertos o manifestaciones, que puedan ser promotoras de racismo.Además, solicita la existencia de una Fiscalía Especial y la creación de una Unidad de Policía central, capaz de actuar eficazmente contra lo que «ya es una de las mayores lacras de la sociedad».
En esta línea, reclama una reforma del Código Penal, que comporte el desarrollo de una legislación antidiscriminatoria,capaz de velar por los derechos de las víctimas. El informe pretende poner fin a la «cifra negra de víctimas del odio».
