El caso de este colectivo, expulsado literalmente de muchos municipios y precipitado hacia la exclusión social, evidencia como la falta de políticas sociales y de integración repercute tanto en estas personas, víctimas de discriminación institucional, como en el resto de la población. Esta situación provoca problemas de convivencia que a su vez alimentan tópicos, estigmatizan y culpabilizan todavía más a las víctimas: un círculo vicioso vergonzoso cuyos únicos responsables son las diferentes administraciones y responsables políticos. El informe Discriminación y Comunidad Gitana 2007 de la Fundación Secretariado Gitano estableció un mapa general de los ámbitos en los que se producen las principales prácticas discriminatorias hacia la comunidad gitana en el Estado. Otra vez más, trabajo, educación y vivienda fueron los ámbitos en los cuales se han presentado más denuncias por comportamientos racistas durante el 2007. En ámbito educativo, vale la pena destacar la falta de garantías para un acceso igualitario del alumnado gitano a los centros educativos privados y concertados, así como la existencia de una importante segregación y concentración de estos alumnos y alumnas en determinados centros públicos o clases especiales. Esto supone una educación de menor calidad y con menos recursos, incrementando el riesgo de marginalización y la creación de “guetos” en relación con las minorías étnicas.
Además, durante el último año, los medios de comunicación han seguido estigmatizando el conjunto de la población gitana, dando excesivo protagonismo y relevancia a casos aislados o extraordinarios y poco representativos de la situación de la mayoría de las familias gitanas (focos chabolistas, tráfico de drogas, robos, violencia, etc.) y dedicándose a menudo a su criminalización, como en el caso del colectivo gitano de origen rumano. Por otro lado, es necesario constatar la existencia en la sociedad española de un gran desconocimiento sobre la realidad gitana y la proliferación de los estereotipos que distorsionan la imagen real de toda la comunidad.
Durante el 2007, el 17% de las denuncias recibidas por nuestras Oficinas de Información y Denuncia fue por abusos de los cuerpos de seguridad públicos y privados. Las denuncias recibidas durante el 2007 hicieron referencia principalmente a casos de abuso de poder y agresiones verbales y físicas con motivación xenófoba. Se trata de una forma de racismo amparado por el secretismo y la impunidad y potenciado por el funcionamiento del sistema judicial y por la normativa de extranjería. La impunidad efectiva de la que disfrutan muchos agentes se debe a varios factores que abarcan desde obstáculos a la presentación de denuncias, hasta la ausencia de medidas de las autoridades para imponer sanciones apropiadas. Otras causas de dicha impunidad son la falta de investigaciones independientes y exhaustivas, la redacción de informes médicos a menudo incompletos o inexactos y los retrasos excesivos de los procedimientos. Vale la pena recordar como desde hace dos años el Consejo de Europa recomienda que los cuerpos policiales se doten de un código ético de conducta dirigido a los agentes, así como de un órgano que regule su aplicación. De momento ningún país de la Unión se ha activado para aplicar esta recomendación.
Durante el 2007 la extrema derecha ha seguido muy activa y presente en gran parte del Estado. El último año ha sido marcado por las actuaciones públicas de los grupos de ultraderecha en diversas comunidades del Estado. Las concentraciones y reuniones de la ultraderecha que han tenido lugar en 2007, así como las numerosas actuaciones violentas de estos grupos han puesto de manifiesto una vez más su impunidad a la hora de actuar.
Por otro lado, los partidos de extrema derecha –aunque actualmente minoritarios dentro del espectro de la derecha española–, han obtenido en el último año un importante incremento en los resultados electorales. Prueba de ello fue el triunfo electoral del partido ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC) en las elecciones municipales de 2007 y el buen resultado conseguido por otros partidos de derecha radical, como España 2000, Democracia Nacional, Iniciativa Habitable, etc. A nivel local, estos partidos supieron aprovecharse del descontento social de la población y focalizarlo contra la población inmigrada, ante una falta de discurso alternativo por parte de los partidos de tradición democrática, algunos de cuales están asumiendo como propio el discurso abiertamente xenófobo de la extrema derecha de manera preocupante.
Particularmente graves han sido las consecuencias de la sentencia con la cual el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el castigo penal de la negación del genocidio, dejando como delito únicamente la justificación de éste último. Desde SOS Racismo consideramos un error y un paso atrás que el Tribunal Constitucional no haya seguido la línea dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha declarado en repetidas ocasiones que el derecho a la libertad de expresión no ampara la negación de genocidios; así como la línea marcada por la Propuesta de Decisión Marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia del Consejo de la Unión que destaca la necesidad de que los Estados Miembros adopten las medidas necesarias para garantizar la sanción de la apología pública de los crímenes de genocidio y la negación o banalización flagrante de los mismos. La resolución del Tribunal Constitucional abre la vía al rebrote de teorías revisionistas y amplía la impunidad de la extrema derecha, que juega a ampararse en los valores democráticos que ella misma niega, con la única finalidad de debilitarlos. No obstante, la sentencia deja abierta la posibilidad de un nuevo redactado para este artículo, objetivo que todas las fuerzas políticas democráticas deberían consensuar.
Tal como hemos visto a lo largo de las páginas de este informe, se constata con preocupación cómo en el 2007 no sólo en el Estado español no se ha avanzado en la lucha contra el racismo, sino que la problemática se ha agravado. El inicio del 2008 ha puesto punto y final a una legislatura caracterizada por el inmovilismo político y consolidación del racismo institucional producido por la Ley de Extranjería, que continúa provocando irregularidad, exclusión social y explotación laboral, realidades que han sido regularmente invisibilizadas y silenciadas por el Gobierno. La última legislatura se ha caracterizado además, por un retroceso en materia de Derechos Humanos – debido al proceso de externalización de fronteras – y a un endurecimiento de la política de expulsiones y repatriaciones, sobre todo con las personas procedentes del continente africano; y por último, por un aumento del racismo social que diversifica y amplia sus manifestaciones.
La lucha contra el racismo no ha sido una prioridad de este gobierno que ha preferido seguir girando la cabeza y mirar a otro lado. Luchar contra el racismo implica un cambio en las políticas para garantizar una igualdad de derechos y oportunidades, es decir, empezar por no discriminar desde las instituciones y paralelamente erradicar los factores que provocan el aumento del racismo social; implica a la vez contundencia para castigar la existencia de las acciones racistas y xenófobas. La falta de jurisprudencia, así como la falta de sensibilidad del estado de derecho en el momento de castigar las acciones racistas y/o xenófobas han provocado la negación de la existencia del racismo y la impunidad de estas conductas. Esta realidad se acompaña en muchos casos, de la banalización o negación de su existencia por parte de los discursos políticos y de los medios de comunicación. Desde SOS Racismo consideramos necesario que durante la próxima legislatura el gobierno electo aborde estos puntos, porque de ello depende el tipo de sociedad hacia la que iremos.
Una vez más, desde SOS Racismo destacamos que la inmigración es diversa y por lo tanto, su tratamiento también debe serlo. En el Estado español, además de existir diferentes inmigraciones coinciden diferentes fases del proceso migratorio: hijos e hijas de familias inmigradas nacidos o crecidos aquí y por lo tanto, ya españoles de hecho y derecho y personas que llegan a través del reagrupamiento familiar, que se suman a las nuevas llegadas. Estas realidades se mantendrán en los próximos años y por lo tanto, será necesario elaborar respuestas diversificadas para esta realidad heterogénea.
Otro año más, desde SOS Racismo alertamos a todos los actores de la sociedad de la necesidad de que la plena igualdad de derechos y de oportunidades de todas las personas que viven dentro de los confines de Estado se convierta en realidad cuanto antes. En juego está la cohesión social de nuestra sociedad en los próximos años.
INFORME ANUAL 2008 SOBRE EL RACISMO EN EL ESTADO ESPAÑOL.
SOS RACISMO.
Icaria Editorial. Barcelona, 2008.
isbn: 978-84-7426-991-8