Por Liset Salgado (*)
La Habana, (PL) La población gitana, la mayor minoría étnica de la Unión Europea (UE), enfrenta hoy en Hungría una brutal discriminación pese a los esfuerzos gubernamentales encaminados a su inclusión social.
Reiterados ataques físicos e intimidaciones evidencian los prejuicios que en los más variados ámbitos enfrentan los cerca de 500 mil "romaníes" -como también se les conoce- asentados en esta nación centroeuropea.
Los gitanos, en húngaro "cigányok", han sido blanco de desmanes perpetrados por grupos de extrema derecha que en los últimos meses actuaron con total impunidad en un país azotado por una aguda crisis económica y social.
Reportes policiales confirmaron el arresto de varias personas supuestamente implicadas en los ataques con armas de fuego y cócteles molotov que desde 2008 y hasta la fecha ocasionaron la muerte de seis gitanos.
A pesar de tener representaciones a nivel gubernamental y de los diversos instrumentos jurídicos existentes, la situación en diversas zonas del país es crítica y la segregación es un hecho.
Las familias gitanas en Hungría viven en condiciones de extrema pobreza y residen mayormente en asentamientos situados en las periferias de las ciudades carentes de servicios de gas, agua o electricidad.
Sólo el 80 por ciento de los menores gitanos culmina la enseñanza primaria mientras que tan sólo un tercio de ellos continúa los estudios secundarios y únicamente un 0,3 por ciento obtiene un diploma de educación superior.
Estadísticas refieren no obstante que uno de cada cinco niños húngaros pertenece a la minoría gitana y a juzgar por las tendencias actuales, para 2050 alrededor del 20 por ciento de la población pertenecerá a esa etnia.
La actual administración húngara ha reconocido que las políticas implementadas hasta la fecha para lograr la integración no han funcionado, mientras diversas asociaciones denuncian que hay falta de voluntad política.
La Red Europea contra el Racismo condenó enérgicamente los últimos ataques y manifestó su preocupación por lo que consideró la aparición de "un peligroso clima de violencia contra la minoría gitana en Hungría".
El último atentado fue reportado a inicios de septiembre, a raíz del cual murió una mujer de 45 años y su hija resultó gravemente herida después que un grupo de radicales la emprendiera a balazos contra su casa.
Concebido como un redoblado esfuerzo para lograr la inserción del también llamado pueblo "rom", el gobierno de Budapest anunció en septiembre la puesta en vigor de un nuevo paquete de medidas legales.
La iniciativa prevé un incremento en el presupuesto de alrededor de dos millones 200 mil euros destinados a instrumentar una actuación eficaz en la lucha contra los extremistas. El plan contempla el reforzamiento de la vigilancia y la contratación de personal de la guardia civil a nivel local, así como la creación de becas para adolescentes gitanos que cursen la enseñanza secundaria.
La contratación de "romaníes" en la Policía nacional es otro paso previsto en el proyecto, que implica la instalación de cámaras de seguridad en las localidades afectadas por delitos menores.
Con esas regulaciones el gobierno húngaro pretende hacer frente a las agresiones atribuidas a círculos radicales de extrema derecha que han sembrado el terror entre los gitanos.
El actual clima de violencia y las presiones de la ultraderecha desataron este año el incremento del número de solicitudes de emigración por parte de miembros de esta comunidad.
Un reporte de la agencia estatal Autogobierno Gitano Nacional precisó que al menos 150 ciudadanos "romaníes" presentaron peticiones formales ante esta organización para tramitar su traslado a otros países.
El presidente de esa entidad, Orbán Kolompár, comentó a la prensa que los solicitantes demandan que se les certifique como "perseguidos y como objetivos de ataques terroristas en serie".
Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca y Bélgica cuentan entre los destinos seleccionados para la estampida de los gitanos húngaros, quienes no confían en la efectividad del plan gubernamental.
Los posibles emigrantes argumentan que no existen garantías de que tras el arresto de los presuntos implicados en los ataques de 2008 cesen los asesinatos y las amenazas.
(*) La autora es periodista de la Redacción Europa de Prensa Latina.
