La asociación cree que la juez encarceló a seis personas sólo por ser gitanas
Fernando Pérez Ávila, El saucejo | Actualizado 23.04.2008 - 05:01
Familiares de los encarcelados, ayer en la sede de Pro Derechos Humanos.
La asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció ayer la existencia de un nuevo brote de racismo en El Saucejo surgido después de una reyerta ocurrida en el municipio el pasado 29 de febrero. Seis de los participantes en la riña permanecen en prisión preventiva desde entonces y la asociación considera que esta medida "desproporcionada" sólo obedece a que estas seis personas son de etnia gitana o están muy relacionadas con este colectivo.
Prueba de ello, para APDH, es que en la reyerta hubo dos partes implicadas y hubo lesionados por ambas partes. Sin embargo, los siete detenidos fueron de una sola parte y el único que quedó en libertad no es gitano ni está emparentado con personas de esta etnia. De la otra parte implicada en la pelea, mucho más numerosa y en la que hubo decenas de vecinos de El Saucejo, todavía no se ha detenido a nadie.
Pero para esta asociación lo más sorprendente es que el Ayuntamiento de El Saucejo se ha personado como acusación particular contra las personas que están ahora en la cárcel. Pro Derechos Humanos ofreció ayer una rueda de prensa para denunciar este caso y en ella participaron varios familiares de los encarcelados, que han tenido que marcharse del municipio y ahora residen en Osuna tras pasar una semana viviendo en el campo.
Yolanda Guerrero Bellido e Inmaculada Cádiz Álvarez, esposas de dos de los acusados, explicó que la situación que están atravesando es límite. Ya tuvieron que abandonar El Saucejo en 2006 a raíz de unos incidentes ocurridos en una romería y que derivaron después en la quema de unas viviendas sociales a las que optaban varias familias gitanas. "Hemos tenido que alquilar un piso en Osuna y dejamos de pagar nuestras casas, que están hipotecadas y se las va a quedar el banco. Con nuestros maridos en la cárcel, tenemos que vivir de Cáritas".
El abogado de estas seis familias, Jorge Corona, ha solicitado varias veces su puesta en libertad alegando que estas personas tienen arraigo y no existe riesgo de fuga. "Los seis tienen trabajo y domicilio conocido. No pueden pasarse casi dos meses en prisión preventiva por una riña tumultuaria". El letrado explicó que en el caso ha detectado una serie de irregularidades. Una de las más flagrantes es que la Guardia Civil grabara la conversación que mantuvo con sus representados en el calabozo y que incluyera una redacción de las escuchas en el sumario del caso.
La rivalidad entre los gitanos y los no gitanos que viven en El Saucejo viene de largo. En esta ocasión la riña se originó a las puertas de un bar por el que pasaron un grupo de gitanos. El Ayuntamiento no quiso ayer ofrecer su versión de los hechos.
Prueba de ello, para APDH, es que en la reyerta hubo dos partes implicadas y hubo lesionados por ambas partes. Sin embargo, los siete detenidos fueron de una sola parte y el único que quedó en libertad no es gitano ni está emparentado con personas de esta etnia. De la otra parte implicada en la pelea, mucho más numerosa y en la que hubo decenas de vecinos de El Saucejo, todavía no se ha detenido a nadie.
Pero para esta asociación lo más sorprendente es que el Ayuntamiento de El Saucejo se ha personado como acusación particular contra las personas que están ahora en la cárcel. Pro Derechos Humanos ofreció ayer una rueda de prensa para denunciar este caso y en ella participaron varios familiares de los encarcelados, que han tenido que marcharse del municipio y ahora residen en Osuna tras pasar una semana viviendo en el campo.
Yolanda Guerrero Bellido e Inmaculada Cádiz Álvarez, esposas de dos de los acusados, explicó que la situación que están atravesando es límite. Ya tuvieron que abandonar El Saucejo en 2006 a raíz de unos incidentes ocurridos en una romería y que derivaron después en la quema de unas viviendas sociales a las que optaban varias familias gitanas. "Hemos tenido que alquilar un piso en Osuna y dejamos de pagar nuestras casas, que están hipotecadas y se las va a quedar el banco. Con nuestros maridos en la cárcel, tenemos que vivir de Cáritas".
El abogado de estas seis familias, Jorge Corona, ha solicitado varias veces su puesta en libertad alegando que estas personas tienen arraigo y no existe riesgo de fuga. "Los seis tienen trabajo y domicilio conocido. No pueden pasarse casi dos meses en prisión preventiva por una riña tumultuaria". El letrado explicó que en el caso ha detectado una serie de irregularidades. Una de las más flagrantes es que la Guardia Civil grabara la conversación que mantuvo con sus representados en el calabozo y que incluyera una redacción de las escuchas en el sumario del caso.
La rivalidad entre los gitanos y los no gitanos que viven en El Saucejo viene de largo. En esta ocasión la riña se originó a las puertas de un bar por el que pasaron un grupo de gitanos. El Ayuntamiento no quiso ayer ofrecer su versión de los hechos.
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